Para cumplir con el derecho a la vivienda de los trabajadores, el Estado creó a principio de los setenta un conjunto de instituciones especializadas por sectores, destinadas a otorgar créditos hipotecarios para adquirir una vivienda digna. Estos organismos gubernamentales también financiaron la construcción de cientos de unidades habitacionales, proyectadas por arquitectos independientes y por equipos dentro de las instituciones dedicados de tiempo completo a ello. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) es el que tuvo más repercusiones en el desarrollo del concepto vivienda de interés social, por la cantidad y calidad de los conjuntos habitacionales que financió.

La mayoría de estos conglomerados se edificaron en la periferia de la capital, por lo que fueron concebidos como microciudades, que incluían edificios de departamentos, en promedio de 60 metros cuadrados, áreas libres, escuela, comercio y una unidad de salud, en caso de no contar con una cercana. El modelo que más se replicó fue el de edificio de departamentos de tres a cinco niveles, con cuatro unidades de vivienda por piso.

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En el contexto del movimiento estudiantil de 1968, miembros de la comunidad de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura levantaron sus voces para “lograr un nuevo profesional de la arquitectura, acorde a los problemas sociales”, como el fenómeno de los asentamientos irregulares en las periferias urbanas, que rebasó la capacidad de las instituciones gubernamentales de manera contundente en la década de los setenta. En 1972, con el surgimiento del Autogobierno de Arquitectura, un nuevo aire sacudió la enseñanza, al tener como principal objetivo el generar conocimientos dirigidos a entender la realidad nacional, por medio de la práctica de los estudiantes y profesores con comunidades reales, en colonias populares y zonas rurales.

“¿Cómo un estudiante puede diseñar una vivienda de interés social cuando no conoce este tipo de arquitectura? No se puede proyectar sin estar con la comunidad”, fue el argumento de los maestros que iniciaron el Autogobierno, quienes también han sido fundadores de asociaciones civiles y cooperativas, cuyo principio fundamental es trabajar la parte social y arquitectónica con la gente desde el inicio, además de incidir el diseño de políticas a escala estatal, federal e incluso internacional.

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Los arquitectos que trabajan de la mano con las comunidades populares y rurales consideran que la vivienda es un fenómeno cultural y tiene que ver con las formas de habitar. Los procesos de arquitectura participativa van de la mano con el diseño de un modelo social de relación y la convivencia con el que se establece un diálogo con los actores de la producción, como la industria de la construcción, el gobierno y los vecinos. Hay que aprender a trabajar con los otros.

Si bien en las comunidades rurales y populares la gente construye según las necesidades inmediatas, cuando los asentamientos se consolidan, empiezan a embellecer sus casas y a construir sus equipamientos con procesos constructivos artesanales. Los arquitectos que trabajan con estos sectores sociales reflexionan junto con la gente sobre el espacio, la arquitectura, la vivienda y los sistemas constructivos para compartir lo que cada quien sabe y desarrollar conocimientos que sirvan a la comunidad.

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En la década de los setenta, el crecimiento de la población demandó la creación de nuevas instituciones públicas y privadas de educación superior a lo largo y ancho del país. En la Ciudad de México, surgió la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); la UNAM comenzó una descentralización de servicios educativos con la fundación del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y cinco planteles de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (hoy Facultad de Estudios Superiores) en la periferia de la capital, además de que se edificó el Centro Cultural Universitario. En el ámbito nacional, se crearon institutos tecnológicos regionales y agropecuarios, e institutos de ciencia y tecnología del mar para las ciudades costeras.

En 1980 comenzó una baja considerable en la infraestructura y la atención de la educación superior. Se le dio preferencia a las universidades particulares y un mayor cuidado a una serie de museos de resguardo nacional y cultura histórica a escala nacional, regional y estatal. En 1988, el Gobierno Federal creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), elevado en 2016 a Secretaría de Cultura, para coordinar todas las unidades administrativas e instituciones públicas en el ámbito nacional, cuya labor es promover y difundir la cultura y las artes.

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El acelerado crecimiento de la matrícula de universidades públicas y privadas ha generado la construcción de nuevos edificios en las sedes universitarias, así como la creación de nuevas instalaciones educativas, culturales y de servicios. Tan solo en la Ciudad Universitaria, la cantidad de construcciones durante los últimos tres años se ha triplicado, por lo que es necesario contar con planes rectores sustentables con visión de largo plazo, que se vinculen con la ciudad.

En lo referente a la educación básica, la infraestructura construida en la primera mitad del siglo XX requiere adaptarse a las necesidades educativas del siglo XXI, para convertirla en centros de conocimiento que promuevan la excelencia, o bien cambiar de vocación, en el caso de aquella que se encuentran subutilizada. Los nuevos modelos educativos demandan espacios democráticos, donde el salón de clases sea tan importante como el pasillo, el jardín o las instalaciones deportivas. Las tendencias actuales proponen que la nueva arquitectura para la educación, tanto pública como privada, establezca un diálogo con su entorno en lugar de cerrarse.

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Entre 1943 y 1964, en México se crearon las instituciones destinadas a cuidar la salud de la población. La Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy Secretaría de Salud, se responsabiliza de la salud de los grupos campesinos y urbanos, mientras que los institutos de seguridad social responden a las demandas de la clase asalariada. Para finales de los sesenta, este modelo llegó a sus límites y surgió la necesidad de crear un sistema nacional de salud, que se integrara por tres prestadores de servicios: las instituciones que atienden a la población no asegurada; la seguridad social, que atiende a los trabajadores del sector formal de la economía (IMSS) y a los del Estado (ISSSTE); y el sector privado.

Ya sea como funcionarios o desde la práctica profesional, los arquitectos formados en la UNAM han contribuido a la planeación y construcción de hospitales a lo largo y ancho del país, así como a la elaboración de manuales técnicos. Muchos de ellos son miembros de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud A.C., cuyo propósito es “colaborar con las instituciones públicas y privadas en el ámbito nacional en el tema de la planeación, diseño, supervisión, construcción y evaluación para la edificación de unidades médicas de todo tipo”.

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Desde los años sesenta, la economía terciaria o de servicios es la que genera el mayor número de empleos en el país. La concentración de la administración pública, las finanzas, las actividades comerciales y los servicios en la Ciudad de México ha sido, sin duda, uno de los factores que han apoyado su crecimiento. En el periodo de 1970 a 1980, desde la esfera institucional, se construyeron nuevas sedes para la administración pública, que en algunos casos se convirtieron en espacios urbano-arquitectónicos por su monumentalidad y carácter cívico. Pedro Ramírez Vázquez, Teodoro González de León, Abraham Zabludovsky y Pedro Moctezuma, entre otros, son algunos de los arquitectos ligados al poder político y económico.

Por su parte, los edificios de oficinas del sector privado se asocian directamente con la modernidad, debido a su imagen, escala y plástica. En la década de los setenta, se intensificó el uso de los prefabricados y de las fachadas acristaladas. En la organización de los espacios interiores, se apostó por la flexibilidad de las plantas libres.

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Con la creación de nuevas colonias también surgieron nuevos equipamientos como las iglesias (en su mayoría católicas). En la década de los setenta, arquitectos como Alberto González Pozo y Juan Antonio Tonda siguieron recurriendo a los cascarones de concreto armado —que tuvieron gran auge en las dos décadas anteriores— para construir las parroquias de colonias de clase alta, media y popular. Algunas tardaron años en ser concluidas, en lo que se recaudaban los recursos aportados por los fieles para su construcción. Otros arquitectos como Enrique y Agustín Landa emplearon prefabricados. Por su parte, Carlos Mijares realizó verdaderas obras de orfebrería con un material ancestral: el tabique. En general, en la construcción de los templos se utilizaron materiales de calidad y sistemas constructivos modernos.

Mención aparte merece la Nueva Basílica de Guadalupe, erigida para acoger a la gran cantidad de fieles que entraban al templo novohispano, que ya estaba en riesgo de colapsar debido a los hundimientos diferenciales del subsuelo y se enfrentaba a la creciente oleada de peregrinos provenientes de todo el país.

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Como consecuencia de la crisis económica mundial derivada de la Segunda Guerra Mundial, en los años cuarenta México adoptó el modelo de sustitución de importaciones para hacer más rentable la manufactura nacional. En la década de los setenta, los cambios en el contexto internacional provocaron el declive de este modelo, el cual se agotó en los ochenta. Esto se vio reflejado en la baja producción de la arquitectura industrial de calidad.

Después de dos décadas de crisis, a principios de los noventa México se abrió a los mercados internacionales y el mundo globalizado impuso sus controles. Los estados de la región del Bajío (Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí) se convirtieron en el nuevo corazón industrial del país. Como contraparte, en años recientes en otras regiones se ha impulsado el comercio justo y la industria artesanal de la mano de una arquitectura que también aprovecha los recursos locales.

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