El derrumbe de viviendas multifamiliares y vecindades provocado por el sismo detonó la participación de arquitectos e ingenieros, para atender la urgente reconstrucción. El Gobierno Federal expropió siete mil predios y aprobó un presupuesto de más de 200 millones de pesos para el Programa de Renovación Habitacional Popular, el cual se enfocó, principalmente, en generar nuevas soluciones para las vecindades de colonias como Morelos, Tepito, Centro y Doctores. La UNAM, el Colegio de Arquitectos de México y el Instituto Politécnico Nacional conformaron un grupo de trabajo cuya primera tarea fue realizar un censo para identificar los daños.
El temblor dejó al descubierto la cruda realidad de cómo vivían miles de personas en las vecindades: la mayoría se distinguía por el deterioro de sus muros y techos, por sus instalaciones insuficientes y por sus unidades de viviendas de menos de 40 metros cuadrados, donde residían en promedio siete personas. Las viviendas y departamentos construidos por el Gobierno Federal se realizaron sin la configuración de las antiguas vecindades, que constaban de cuartos redondos que compartían servicios, pero trataron de conservar la convivencia colectiva.