En 2001, los organismos como el INFONAVIT y el FOVISSSTE, que fueron responsables de la construcción de conjuntos habitacionales en todo el territorio nacional entre la década de los setenta y los noventa, se convirtieron en oficinas de financiamiento. La responsabilidad de realizar los proyectos y las obras de vivienda social quedó en manos del sector privado, que privilegió la construcción de enormes conjuntos en las periferias de las ciudades, desligados de la vida urbana. Al paso de 12 años de esta política de vivienda, el modelo fracasó estrepitosamente con un saldo de millones de viviendas desocupadas.
El alto costo del suelo urbano y la carencia de predios grandes en el tejido de las ciudades son algunos de los principales desafíos a resolver en materia de vivienda social. En años recientes, las autoridades de la Ciudad de México han promovido distintos esquemas de desarrollo de vivienda social y popular en suelo urbano. Por su parte, en la Facultad de Arquitectura se creó, en 2014, el Laboratorio FA-Vivienda, con el objetivo de vincular el trabajo académico con demandas específicas de estudios y proyectos solicitados en materia de producción habitacional, por distintas entidades gubernamentales, así como instituciones y grupos de la sociedad civil.