El derrumbe de viviendas multifamiliares y vecindades provocado por el sismo detonó la participación de arquitectos e ingenieros, para atender la urgente reconstrucción. El Gobierno Federal expropió siete mil predios y aprobó un presupuesto de más de 200 millones de pesos para el Programa de Renovación Habitacional Popular, el cual se enfocó, principalmente, en generar nuevas soluciones para las vecindades de colonias como Morelos, Tepito, Centro y Doctores. La UNAM, el Colegio de Arquitectos de México y el Instituto Politécnico Nacional conformaron un grupo de trabajo cuya primera tarea fue realizar un censo para identificar los daños.

El temblor dejó al descubierto la cruda realidad de cómo vivían miles de personas en las vecindades: la mayoría se distinguía por el deterioro de sus muros y techos, por sus instalaciones insuficientes y por sus unidades de viviendas de menos de 40 metros cuadrados, donde residían en promedio siete personas. Las viviendas y departamentos construidos por el Gobierno Federal se realizaron sin la configuración de las antiguas vecindades, que constaban de cuartos redondos que compartían servicios, pero trataron de conservar la convivencia colectiva.

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En 2001, los organismos como el INFONAVIT y el FOVISSSTE, que fueron responsables de la construcción de conjuntos habitacionales en todo el territorio nacional entre la década de los setenta y los noventa, se convirtieron en oficinas de financiamiento. La responsabilidad de realizar los proyectos y las obras de vivienda social quedó en manos del sector privado, que privilegió la construcción de enormes conjuntos en las periferias de las ciudades, desligados de la vida urbana. Al paso de 12 años de esta política de vivienda, el modelo fracasó estrepitosamente con un saldo de millones de viviendas desocupadas.

El alto costo del suelo urbano y la carencia de predios grandes en el tejido de las ciudades son algunos de los principales desafíos a resolver en materia de vivienda social. En años recientes, las autoridades de la Ciudad de México han promovido distintos esquemas de desarrollo de vivienda social y popular en suelo urbano. Por su parte, en la Facultad de Arquitectura se creó, en 2014, el Laboratorio FA-Vivienda, con el objetivo de vincular el trabajo académico con demandas específicas de estudios y proyectos solicitados en materia de producción habitacional, por distintas entidades gubernamentales, así como instituciones y grupos de la sociedad civil.

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La participación de las comunidades de los barrios más dañados por el sismo fue clave para la reconstrucción de las vecindades a las que no llegó el programa de Renovación Habitacional Popular. Maestros y alumnos del Autogobierno trabajaron de la mano con las redes de asociaciones civiles y cooperativas de vecinos de las colonias Guerrero, Morelos, Tepito, Doctores y Buenos Aires con las que tenían contacto desde los años setenta. También asesoraron a otras colonias populares en Iztapalapa.

Las asociaciones vecinales y las “brigadas solidarias” del Autogobierno de la Facultad de Arquitectura comenzaron a trabajar antes que el programa gubernamental. La ayuda a los damnificados abarcó desde la solución inmediata de los campamentos que se instalaron en banquetas, camellones, parques y baldíos, hasta los proyectos de reconstrucción que se realizaron de forma comunitaria con programas de autoconstrucción, en los que la participación de las mujeres fue fundamental.

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La concentración de hospitales en la capital del país dejó al descubierto la vulnerabilidad del sector, tras los sismos de 1985: en un solo día se perdieron más de cuatro mil camas. Después de décadas de predominio del modelo basado en la concentración urbana y hospitalaria de la atención, con el Programa de Reconstrucción de los Servicios de Salud se resolvió que, parte de la infraestructura a reconstruir, se haría fuera de la Ciudad de México. Así, la tragedia dio paso a la descentralización no sólo del sector salud, otros organismos gubernamentales que tenían su sedes en las zonas afectadas también migraron de la capital.

En materia de cultura, la descentralización inició a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, cuando el INAH y el INBA comenzaron a entregar paulatinamente la administración de la cultura a los estados. Es entonces que surgieron los organismos estatales de cultura, que promueven la creación de nuevos centros culturales y museos en varias ciudades del país. El propio crecimiento de algunas ciudades medias también ha detonado la descentralización de servicios de sus zonas centrales a las periferias, con la consecuente creación de nuevos edificios.

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